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31 de diciembre de 2006

Condena boricua a ejecución de Saddam

San Juan - La ejecución del ex dictador Saddam Hussein es un acto de venganza y de ningún modo la solución para los problemas de violencia en Irak, ni para las víctimas que dejó su gobierno, sostuvo hoy la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Palmira Ríos.
  
La profesora universitaria criticó duramente la determinación de un tribunal iraquí respaldado por el gobierno estadounidense de ahorcar a Hussein esta madrugada por el asesinato de 148 chiítas en 1982 como represalia a un ataque en su contra ese mismo año.
  
"La pena de muerte ni repara ni es un instrumento de justicia, sino un instrumento de venganza. El sistema de 'justicia' del gobierno iraquí fracasó en proteger los mecanismos de derechos civiles básicos", dijo en entrevista con Prensa Asociada.
  
"Este tribunal especial para juzgar a Saddam Hussein era financiado por el gobierno estadounidense, que es el gobierno que mantiene ocupado a Irak. Los jueces no tenían ninguna independencia judicial para tomar decisiones", agregó tras asegurar que el fallo de ejecutarlo fue una decisión puramente política.
  
Por su parte, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) condenó la matanza del ex dictador, y afirmó que los crímenes que se le imputaban no son peores que los cometidos por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro británico, Tony Blair, contra los civiles iraquíes muertos desde la invasión de ese país árabe.
  
"En un país ocupado como Irak, no hay soberanía, no hay democracia y definitivamente no existe otra 'justicia' que la que impone el invasor... Han muerto más de 650,000 personas desde que se inició la agresión. Ese genocidio es responsabilidad directa de George Bush, Tony Blair y otros", expresó Julio Muriente, copresidente del MINH, en un comunicado.
  
Ríos reconoció que la ejecución de Hussein es una prueba para quienes se oponen a la pena capital en la Isla ya que, contrario al caso del boricua Ángel Nieves Díaz, al ex dictador se le comprobó que asesinó a las personas que se les imputaba.
  
No obstante, destacó que ese castigo no debe imponérsele a ninguna persona, independientemente de los delitos que haya cometido.
  
"Los casos de pena de muerte nos obligan a redoblar el compromiso porque son personas culpables de delito. En el caso de Ángel, no están claras las razones por la que fue ejecutado porque hubo vicios en el juicio. Saddam fue un dictador y un criminal, pero no podemos combatir la violencia con más violencia", apuntó.
  
Adelantó que, en el caso de Puerto Rico, la fiscalía federal intentará durante el año entrante procesar criminalmente a personas que residen en la Isla con el fin de aplicarles la pena capital, por lo que instó a la ciudadanía a mantenerse unida en el reclamo de que se erradique ese castigo.
  
"El pueblo de Puerto Rico tiene que fortalecerse, no importa quién sea la persona ni cuán repudiable hayan sido sus actos", puntualizó la Presidenta de la Comisión de Derechos Civiles.

Por: Ramaris Albert (AP)