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WASHINGTON - Las bajas militares de las guerras en Irak y Afganistán, y el debate reciente sobre la conducta del FBI, son reflejo de cómo el escenario post 9-11 no excluye a Puerto Rico. Un informe del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, publicado en diciembre de 2003, corroboró la muerte de 35 personas nacidas en Puerto Rico a causa de los ataques terroristas.
El número específico de muertos de origen boricua nunca ha podido confirmarse.
"Es muy difícil hacer un estimado oficial", indicó Ángelo Falcón, estudioso de los asuntos de la comunidad boricua en Estados Unidos y presidente del Instituto de Política Pública Latina.
En el ataque al Pentágono, donde perdieron la vida 189 personas, también murieron otros dos boricuas: Diana Borrero, una empleada civil, y el sargento del Ejército, José Orlando Calderón.
La puertorriqueña Sonia Puopolo, quien se destacó como una filántropo del estado de Florida, fue una de las víctimas que viajaba en el avión de American Airlines #11, uno de los dos estrellados en contra de las Torres Gemelas.
Las invasiones y ocupaciones militares estadounidenses de Afganistán e Irak han tenido en vilo a miles de familias boricuas, cuyos hijos han sido movilizados a esos conflictos militares. Una cantidad considerable de ellos han salido lastimados en combate o han perecido en medio de la llamada "guerra en contra del terrorismo".
Con la muerte a finales de agosto del soldado Ángel Mercado Velázquez, ya son por lo menos 45 los militares de origen boricua que han muerto a causa de la guerra. Y el sentir general es que ya es tiempo de que comience el retorno de las tropas . "Se ha creado un consenso, desde hace meses, de que hay que entregar al Ejército y el Gobierno de Irak, el control de ese país lo más pronto posible", indicó el comisionado residente en Washington, Luis Fortuño.
En el plano político todo este debate puede quedar zanjado en las elecciones legislativas de noviembre. En unas presidenciales de 2004 que también tuvieron a Irak como eje central, Bush y los republicanos consiguieron revalidar. A juicio de la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez, esta vez será diferente. "El pueblo estadounidense está sufriendo en su bolsillo, por ejemplo con los altos costos de la gasolina, mientras el Gobierno federal se gasta cientos de millones (unos $300 millones). Ahora el pueblo ve una conexión entre lo que está sucediendo en Irak y la economía nuestra".
La controvertida "Ley Patriota", respuesta del Gobierno a los ataques, cobró relevancia en San Juan a raíz de los operativos del FBI del 23 de septiembre de 2005 (la muerte a Filiberto Ojeda Ríos) y el 10 de febrero de 2006 (en el que agentes agredieron a periodistas).
"El informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso de Ojeda Ríos reafirmó que la base de ese operativo fue el Patriot Act. Esa ley es un regreso a la época de los 1960 y 1970, con la gran diferencia de que el ordenamiento jurídico ha cambiado y el Gobierno actúa bajo la premisa de que lo que hace es legal hasta que un juez lo detenga", sostuvo William Ramírez, abogado que representa en Puerto Rico a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
