Inyección millonaria del Ejército / Pacifistas alzan su voz de repudio.
Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com
Antes de que finalice el presente año fiscal federal el 30 de septiembre, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos otorgará varios contratos millonarios para construir en la Isla "modernas" instalaciones militares, informó ayer esa dependencia.
De inmediato, diversas organizaciones antimilitares se expresaron en contra del anuncio, traduciéndolo en mayor presencia del Ejército a nivel local.
En un foro con contratistas en la sede del Colegio de Ingenieros y Agrimensores en Hato Rey, se presentaron tres proyectos cobijados bajo el Programa de Realineamiento y Cierre de Bases (BRAC, en inglés) para construirse en Fort Buchanan, Ceiba y Mayagüez. Su costo fluctúa entre los $25 millones y $50 millones y los contratos deberían entregarse entre junio y julio de 2009.
Un cuarto proyecto bajo BRAC se levantará en Fort Allen, en Juana Díaz, pero el Cuerpo de Ingenieros no ofreció más detalles porque presuntamente el contrato de construcción ya se otorgó.
Caguas albergará una quinta instalación militar bajo el Programa Grow to Army. Su costo máximo será de $15 millones y el contrato se entregará en enero de 2010, precisó la dependencia.
Verónica L. Rife, gerente de proyectos del Cuerpo de Ingenieros, explicó que todas las instalaciones incluyen edificios de adiestramiento militar, mantenimiento y almacenes. Además, tendrán salones de clases, áreas administrativas, de reunión y de mantenimiento vehicular, entre otras.
En tanto, Miguel Méndez, director de ingeniería de la Guardia Nacional, indicó que "hemos tenido representación en la conceptualización y desarrollo de la planificación de los proyectos".
Aclaró que los reservistas de la Guardia Nacional podrán utilizar todas las instalaciones, excepto la de Caguas.
Méndez rechazó que los contratos representen más presencia militar en la Isla. "No estamos aumentando la fuerza, estamos consolidando instalaciones. Son proyectos innovadores que van a proveerle al soldado y sus familiares para su adiestramiento", defendió.
Pero este argumento no convenció a Wanda Colón Cortés, directora del Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, quien reconoció no tener claro el propósito del otorgamiento de los contratos.
"La información no es clara. El Ejército siempre dice una cosa y hace otra. Pero esto es un realineamiento del uso de Puerto Rico como ente militar, un punto de estrategia militar", sostuvo.
Asimismo, Sonia Santiago, de Madres contra la Guerra, censuró que se den fondos para adiestramiento militar y "no para conseguir trabajos, recibir atención médica y bienestar social".
"Estas son escuelitas para matar. Nos preocupa la utilización del País como centro de reclutamiento. Exhortamos a los contratistas a que construyan para la vida y no para la muerte", apuntó.
