San Juan, 16 jul 2008 por Iñaki Estívaliz
(EFE).- Organizaciones pacifistas calculan que unos 80.000 soldados han desertado del Ejército de EE.UU. desde que comenzaron las guerras de Irak y Afganistán y cada vez que uno de esos jóvenes toma esa decisión afecta dramáticamente la vida de sus familiares, que no por eso dejan de apoyarlos.
La puertorriqueña María Santiago, madre de Orville Gómez, de 28 años, prefiere decir que su hijo es un soldado "ausente sin autorización" que un "desertor".
Su hijo presentaba un cuadro de depresión crónica con "instintos suicidas" y apeló a diferentes esferas militares para que no lo enviaran a Afganistán, pero a pesar de haber sido recluido en varios centros siquiátricos le llegó la hora de partir.
"Trate por todos los medios que le dieran la baja por su condición médica, unos días creíamos que lo teníamos todo listo para que saliera del Ejercito", pero la licencia no se materializaba, sostuvo a Efe Santiago.
Durante meses, la familia del soldado estuvo padeciendo "ese juego sicológico de que sí, que no, y le dejaban los tratamientos a medias", recordó.
Finalmente, un día que le había llegado una orden de hospitalización de dos semanas, citaron a Gómez a una oficina y cuando salió llamó a su madre y le dijo: "mami, yo creo que las cosas no están bien y la hospitalización no va".
"Determinaron que no estaba enfermo, que estaba mintiendo al Ejército, le adelantaron la fecha para Afganistán, lo pusieron bajo custodia hasta que se fuera y le dijeron que de regreso lo iban a destituir, que le quitarían todos los beneficios y hasta que podrían imponerle alguna sanción de cárcel", aseguró Santiago.
"A raíz de eso, mi hijo estaba en una situación frágil, no es fácil ver a un hijo así", indicó.
Así que la madre del soldado decidió "acudir a su llamado", viajó desde el puertorriqueño pueblo de Salinas hasta Fort Campbell, en Kentucky, y con ayuda de otros militares boricuas "que comprendían su situación", consiguió "salir caminado" del cuartel del brazo de su hijo.
"Llegué a tiempo para salvarlo. No me detuve a considerar las consecuencias, sólo en mi responsabilidad como madre", dijo Santiago, quien trajo a su hijo de regreso a Puerto Rico, donde se esconde y la organización Madres Contra la Guerra le buscó asesoría legal y tratamiento médico.
"Estamos dando la batalla con el apoyo de mucha gente. La experiencia en un principio fue traumática con tanto dolor, pero se ha convertido en una experiencia de regocijo, ha despertado la calidad humana de la gente", expresó la madre de Gómez.
La presidenta de Madres Contra la Guerra, la sicóloga Sonia Santiago, madre de un veterano de Irak, indicó a Efe que el Ejército no está persiguiendo a los soldados ausentes porque son demasiados, "se cansa si no los encuentran" rápido, y prefieren centrarse en reclutar nuevos jóvenes en comunidades pobres y marginadas.
Pero esto no supone un gran respiro para los objetores, que no pueden utilizar su número de seguro social para trabajar o para acceder a beneficios públicos porque entonces se reactiva la orden de arresto.
"No es fácil para las familias mantener a un hijo escondido, mi hijo tiene dos hijas, está tratando de recuperar su salud", dijo la madre de Gómez, que confía en que los "mecanismos que hay para ser objetor de conciencia" lleven a su hijo a un "feliz término".
Peor lo están pasando los abuelos que criaron al soldado Santos López, de 20 años y padre de un hijo, cuando agentes de la Policía de Puerto Rico irrumpieron en la residencia de los ancianos el pasado 26 de junio a las 4.00 de la mañana.
"Mi esposo está bien enfermo. Nos pegaron las linternas a la cara, insultaban y lo revolvían todo, abrían los closets (armarios) y no nos dijeron qué buscaban hasta el final", recordó la abuela de López, Luz de León.
Según De León, al hermano pequeño de López, de 9 años, lo amenazaron diciendo que si no decía donde estaba su hermano lo meterían a él en la cárcel.
López, un chico "saludable, atlético, bien humilde y de iglesia", ingresó al Ejército en abril de 2006, pero durante el entrenamiento sufrió "maltratos y humillaciones, se sentía enfermo, nos llamaba muchas veces al día, yo no sabía que hacer, él estaba desesperado y apareció un día acá", dijo a Efe su abuela.
El asesor legal de Madres Contra la Guerra y presidente de la Asociación Americana de Juristas en Puerto Rico, Hiram Lozada, denunció que estos allanamientos no están autorizados porque la objeción por conciencia "no es un delito tipificado" en el código penal del Estado Libre Asociado a EEUU.
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